El oficalismo incrementa y radicaliza su violencia hacia los opositores
La
situación política en Venezuela se deteriora aceleradamente. El sistema
adquiere un claro perfil dictatorial y se arranca el ropaje de
democracia que venía usando. “Vienen días difíciles porque la represión
es evidente y es la orden del gobierno”, escribe Luis Homes en
opiniónynoticias.com
El
nombramiento del presidente adelantado cuatro días; la prohibición de
manifestaciones públicas; los arrestos; el veto a los parlamentarios de
la oposición impuesto por el presidente de la Asamblea Nacional, D.
Cabello; la destitución de los jefes de comisiones que pertenecen a la
oposición: los diputados Dinorah Figuera, Nora Bracho, William Dávila y
Miguel Angel Rodríguez; y la detención de 535 personas en todo el país
son demostraciones claras del incremento y radicalización de la
violencia dirigida por el oficialismo.
Además,
está el nombramiento del hermano del yerno de Chávez a la cabeza del
canal de televisión del Estado, el dominio del capital oficialista sobre
el único canal, Globovisión, que difundía noticias de los avatares
contra la oposición y la voz de sus líderes hace que sean las redes
sociales la vía más ágil y accesible de comunicación.
El
lenguaje de Maduro, amenazante y agresivo, llamando a la violencia, es
totalmente opuesto al de Capriles quien reiteradamente llama a la
sensatez y a la paz.
En la cadena
nacional de radio y televisión, el presidente exasperado afirmó: “Estoy
dispuesto a radicalizar esta revolución y cuento con la ayuda del pueblo
y de una Fuerza Armada”. Negándose a reconocer a Henrique Capriles como
gobernador de Miranda, cargo que ganó en las elecciones del pasado 16
de diciembre, y anuncia acciones legales en su contra.
En
dos días, como escribió el historiador y activo tuitero Elías Pino
Iturrieta, se puso en evidencia las diferentes formas de hacer política:
“Está ocurriendo una tragedia en todo el país. Personas detenidas
injustamente, heridas, quemadas sus propiedades, sólo por ser
opositoras”, escribe Rocío San Miguel en su cuenta de Twitter.
La
negación del Gobierno a la realización de la auditoría exigida por
Capriles para contar voto a voto a fin de legitimar los resultados está
sostenida por el trabajo de cinco ONG nacionales observadoras del
proceso. La más importante entre ellas, la Red de Observación Electoral
de la Asamblea de Educación, cuyo equipo, a pesar de haber sufrido un
violento asalto en su sede justo la tarde del domingo 14, presentó 24
horas después de las elecciones, un extenso reporte. Éste está
sustentado no sólo con fotografías, sino con números que señalan con
detalles, las faltas cometidas por el oficialismo, las cuales no dejan
duda para rechazar los resultados emitidos por el Consejo Nacional
Electoral.
Con una larga y respetada
trayectoria, esta ONG ha participado desde 2006, en diez procesos
electorales. En esta ocasión extendieron su trabajo incluyendo la
supervisión de la actuación de abuso de los recursos públicos por parte
de las fuerzas oficialistas, en el período preelectoral.
En
el documento donde declara su posición conclusiva se puede leer: “La
Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación ha participado
expresa su decisión de no avalar el proceso de la elección presidencial
2013. Esta es una decisión que adoptamos compelidos por la existencia de
irregularidades y actos de coacción y violencia, debidamente
sustanciados en un anexo que acompaña a esta declaración, que podrían
comprometer la integridad del proceso electoral y conducir
potencialmente a una alteración de los resultados de la elección
anunciados al país por el CNE. Despejar con absoluta claridad las
reservas de la ciudadanía sobre el proceso electoral es indispensable
para garantizar la paz nacional y consolidar la confianza en la
transparencia de las elecciones. Estimamos que los poderes públicos, y
en especial el CNE, deberían ser los primeros interesados en despejar
cualquier duda al respecto”.
Su
coordinador, José Domingo Mujica, declaró al periodista de El Universal,
Gustavo Méndez: “Podemos clasificar las violaciones al reglamento
electoral en cuatro categorías, siendo las tres primeras las que mayor
violaciones exhiben: vallas publicitarias y actos proselitistas en
instituciones públicas; uso de vehículos públicos para distribución de
material electoral o para el transporte de partidarios a las actividades
proselitistas; participación de funcionarios públicos, identificados
como tales, en actividades de campaña y, finalmente, participación de
miembros de las fuerzas armadas y de seguridad en actos de proselitismo
político. Un alto porcentaje de votos asistidos, eliminación de los
barandillas protectoras de la intimidad del acto de votar violencia de
colectivos chavistas, propaganda del candidato oficial, prohibición para
que los ciudadanos presenciaran el cierre de las mesas y abuso de poder
de los efectivos del Plan República.
Las situaciones irregulares
observadas, en su mayoría impidieron el acceso a los centros para
realizar la verificación ciudadana. En ellas se describen hechos de
violencia, intimidación y desconocimiento de nuestros representantes
debidamente acreditados como observadores por el Consejo Nacional
Electoral. Es importante resaltar que se registraron denuncias de casos
extremos de violencia que impidieron las labores de observación y en
algunos casos que se continuase con el proceso electoral en alrededor
del 6% de las mesas auditadas”.
La tensión en el país se agudiza con el anuncio de la intención de Maduro de arrestar a Henrique Capriles y Leopoldo López.
Eugenio
Martínez, periodista de El Universal especializado en cobertura
electoral ha venido reportando cifras que contribuyen a fundamentar la
necesidad de la auditoría ante la cantidad de violaciones que sumaron
para dar los números vencedores a Maduro sobre Capriles: “Maduro perdió
la votación en 4.119 mesas que el 7 de octubre apoyaron la reelección de
Chávez. Si Maduro ganó en 5.311 mesas de votación más que Capriles,
¿cómo se explica que la diferencia apenas sea de 1,8 puntos entre
ambos?”
A pesar de que los números
de los votos en el exterior favorecen mayoritariamente al candidato
Capriles sobre Maduro, la posición de los gobiernos internacionales
frente a este proceso está claramente dividida y regida mayormente por
los intereses económicos de los países, más que por la defensa de la
democracia y de la legitimidad del régimen. Entre los casos más
impactantes están la aprobación de España y el rechazo de los Estados
Unidos. Sin embargo, El Príncipe de Asturias no asistirá a la toma de
posesión de Nicolás Maduro.
Al
concluir estas líneas, se anunciaba la decesión del Tribunal Supremo de
Justicia de no autorizar las auditorías de los votos. Ya se cae la
máscara de la democracia y el Gobierno se instala como régimen
dictatorial. Otra lucha se inicia.
Publicado en La Vanguardia. es y en @CodigoVenezuela
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